En Ecuador, la estudiante de derecho Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de cárcel por terrorismo y sabotaje. Según el régimen de Rafael Correa, conspiró para sabotear las telecomunicaciones durante los disturbios del 2010.
Como no se ha podido demostrar que hubiera un intento de golpe de Estado, el gobierno de Rafael Correa tuvo que crearlo fabricando la conspiración. Durante ese día del 30 de septiembre, líderes de la oposición y ciudadanos que se oponían a las políticas de Rafael Correa salieron a protestar a la calle. Las cabecillas del golpe, se dijeron los fiscales y funcionarios encargados de encontrar culpables donde no los había, tenían que ser las figuras visibles de las manifestaciones pacíficas. Quienes salieran más veces en las cámaras, quienes se atrevieran a hablar en público, en suma, quienes dieran la cara expresando su opinión libremente eran los culpables de querer tumbar a Correa. Ellos eran “los terroristas”. Poco importaba que ninguno hubiera hecho un llamado a la violencia o a derrocar a Correa.
Uno de estos “terroristas” fue la estudiante de derecho Alejandra Cevallos. Ella se hallaba dentro de un grupo de personas que se manifestaban a la entrada del canal estatal, ECTV, porque se habían enlazado todos los canales privados al público.
Dijo que la protesta policial no era un golpe de Estado, sino una reacción al veto presidencial que se hizo a la ley de Servicio Público, que le daba algunas ventajas a la policía. Además dijo que había un amplio descontento contra el estilo antidemocrático del presidente Rafael Correa.
Pocos días más tarde, Alejandra Cevallos recibió la notificación de que era investigada por terrorismo y sabotaje. El gobierno del Ecuador pretende vincularla al complot del supuesto golpe de Estado, al decir que era una de las líderes de la célula que dispusieron los “traidores a la patria” para sabotear las telecomunicaciones.
El fiscal acusador, Gustavo Benítez, no logró demostrar que se interrumpió la señal ni la transmisión. El perito experto en telecomunicaciones dijo que no se había interrumpido la señal. Como no tenían sustento para demostrar un sabotaje (y el veredicto tenía que ser “culpable”, pues en la justicia ecuatoriana se hace lo que el gobierno de Rafael Correa diga), la juez presionó al perito para que dijera lo que ella pensaba que necesitaba para condenarla.
